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OPCTribuna: Insólita interpretación judicial de la libertad de información en España
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La condena al director y al jefe de informativos de la cadena SER se fundamenta en la no consideración de Internet como un medio de comunicación social.
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El Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid condenó el pasado 18 de diciembre a Daniel Anido y Rodolfo Irago -director y subdirector de los servicios informativos de la cadena SER en 2003- a penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística por un delito de “revelación de secretos”, consistente en la difusión de una información veraz y noticiable -según reconoce el texto de la sentencia- a través del portal online de la Cadena SER, Cadenaser.com. Considera el magistrado Ricardo Rodríguez que “la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita) pero (...) Internet no es un medio de comunicación social, en sentido estricto, sino universal.”

De prosperar esta sentencia, recurrida el pasado 13 de enero ante la Audiencia Provincial de Madrid, se crearía un peligroso precedente judicial en España contrario a la protección del derecho a la información y de la libertad de expresión, pilares fundamentales de un sistema democrático. La actividad periodística de los medios de comunicación que ofrecen sus contenidos en soporte digital, a través de Internet, quedaría, así, privada del amparo ofrecido por la jurisprudencia constitucional que establece que, habiendo interés público en la información, y siendo esta veraz, el derecho a la intimidad cede en favor del derecho a la información. Eso sin entrar a valorar a qué futuras interpretaciones del uso de Internet podría dar lugar este fallo judicial.

En el Observatorio de Políticas de Comunicación del Institut de la Comunicació de la UAB acogemos con estupor la distinción efectuada en la sentencia del magistrado Rodríguez entre medios de comunicación “social” (televisión, radio o prensa escrita) y medios de comunicación “universales”, que, según deducimos de la lectura de la resolución judicial, serían aquellos que, como Internet, ofrecen un acceso universal a la información “por cuanto tienen acceso a la (...) información todo el que la quiera ver; esto es, es libre”. Siendo así, los medios de comunicación universales serían aquellos que eliminan todas las barreras económicas y geográficas que puedan limitar el acceso de cualquier persona a sus contenidos. Prensa editada en países de todo el mundo ya hace muchos años que puede ser libremente consultada en las hemerotecas y en las bibliotecas públicas de los países democráticos. De igual manera que la televisión por satélite permite la difusión de contenidos a todo el planeta.

Tal vez no esté de más recordar, además, que la prensa surge a finales del siglo XVII con la vocación, precisamente, de facilitar el acceso universal a información de interés público, hasta entonces confinada en las instituciones del poder político, así como su libre discusión. Conquistada la libertad de expresión (o eso creíamos en España, hasta la publicación de este fallo judicial), este objetivo se encarna, en la actualidad, en la demanda de transparencia de los actos de gobierno y de los actores políticos.

Los medios de comunicación cumplen una función social al permitir que las sociedades dialoguen consigo mismas y entre sí, de ahí su calificación como medios de comunicación social o pública, en oposición a lo “individual” y a lo “privado”, e independientemente de si se define esa sociedad en términos locales o en términos globales. Vivimos desde hace más de tres décadas en una sociedad red (Castells), cuyo sistema de comunicación es Internet, aunque el titular del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid se empeñe en negarlo.

Desde la publicación de la sentencia se han sucedido los comunicados de preocupación por su contenido y por el desamparo jurídico al que condena a los medios de comunicación que operan en Internet. Medios de comunicación, asociaciones de profesionales de la prensa y organismos como Reporteros sin Fronteras o el Comité Mundial de Libertad de Prensa han reaccionado ante el peligro para la libertad de prensa que representa este precedente penal.

Antecedentes
Los hechos se remontan a junio de 2003, cuando la Cadena Ser se hizo eco de la denuncia formulada ante los órganos internos del Partido Popular de Madrid por la entonces presidenta local del PP en Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, quien había detectado en su municipio una oleada de afiliaciones irregulares al PP, motivadas por la pretensión de alterar el equilibrio interno del partido e influir de este modo en el proceso electoral de la agrupación local. Estos acontecimientos se producían en un contexto de acusaciones de corrupción política (el “Tamayazo”) y urbanística en el ámbito político madrileño.

Los condenados se sirvieron del listado de afiliaciones irregulares y de las cartas de denuncia presentadas por Pilar Martínez, entre otros datos, para elaborar la noticia transmitida a través de los micrófonos de la Cadena SER, que no incluía la relación completa de los nombres. Después, el soporte digital del medio, Cadenaser.com, difundió la noticia avalando su veracidad con la documentación de soporte: las cartas de la Sra. Martínez y la lista de afiliaciones irregulares.

En su sentencia el juez Ricardo Rodríguez reconoce la veracidad de las informaciones difundidas y que “no puede negarse que era un hecho noticiable”, por lo que “era un tema que interesaba o podría interesar a la opinión pública y sobre el que la ciudadanía tenía derecho a estar informada”. No obstante, aún existiendo interés público, considera que el derecho a la intimidad prevalece en este caso sobre el derecho a la información porque la noticia (con sus pruebas documentales) no fue difundida a través de un medio de comunicación social, sino a través de Internet, que el magistrado define como “medio de comunicación universal”.

Ana Fernández Viso
OPC-InCom-UAB

Más información:
Texto completo de la sentencia
Análisis del contenido de la sentencia: Marc Carrillo
Análisis del contenido de la sentencia: Juan Luis Cebrián
Análisis del contenido de la sentencia: Lluís Bassets



Comunicados de rechazo:
World Press Freedom Comité
Reporteros sin Fronteras
Federación de Asociaciones de Periodistas de España
Asociación Española de Medios de Comunicación Online
Asociación de Profesionales de la Información Digital de Andalucía
Col.legi de Periodistes de Catalunya
Colexio de Xornalistas de Galicia
Asociación de la Prensa de Madrid
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